Actos Conclusivos

El acto conclusivo: la resulta de la investigación

Según el COPP, el Ministerio Público es el único órgano facultado para acusar, archivar una causa o solicitar un sobreseimiento 

Seguro que usted en más de una oportunidad ha leído o escuchado que el Ministerio Público acusó a determinada persona o a un grupo de banqueros por determinados delitos, en fin, siempre cuando se inicia una investigación contra alguien el resultado será el acto conclusivo, el cual puede traducirse en tres formas: acusación, archivo y sobreseimiento.

Con este trabajo no se pretende hacer un tratado jurídico de lo que es un acto conclusivo, pero sí tratar de desentrañar en qué consiste, descomponerlo en sus diferentes partes, a fin de poner el tema en términos digeribles para su comprensión.

Hay que comenzar señalando que el acto conclusivo está contemplado en nuestro Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y que el único ente a quien le corresponde dar por terminada la investigación y concluir de las tres maneras antes citadas, es el Ministerio Público. En pocas palabras, ninguna otra Institución sino sólo el fiscal es quien puede acusar, sobreseer o archivar un expediente.

Aclarado este punto, podemos decir que si el resultado de la investigación arroja elementos suficientes para lograr el enjuiciamiento de una persona, entonces, procederá la acusación.

Entre los elementos que deben estar presentes en la acusación, se encuentran, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; la expresión de los preceptos jurídicos aplicables y el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad

Con el archivo fiscal, sucede algo distinto, pues las diversas averiguaciones realizadas no arrojaron elementos suficientes para acusar, pero el olfato del investigador le dice que más adelante pueden surgir nuevos fundamentos, es allí cuando procede el archivo de las actuaciones.

Para hacerlo más claro: el hecho de que se archive un caso, no necesariamente quiere decir que la causa cesó o llegó a su punto final, pues en cualquier momento el Ministerio Público puede desempolvar el expediente y continuar con el proceso.

Refiere el COPP que en los casos de delitos en los cuales se afecte el patrimonio del Estado, o intereses colectivos y difusos, el fiscal del Ministerio Público deberá remitir al fiscal superior correspondiente, copia del decreto de archivo con las actuaciones pertinentes, dentro de los tres días siguientes a su dictado.

En este caso, si el fiscal superior no estuviere de acuerdo con el archivo decretado, enviará el caso a otro fiscal a los fines de que prosiga con la investigación o dicte el acto conclusivo a que haya lugar.

Hay que destacar que en el caso del archivo fiscal, el Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en el COPP, debe notificarle a la víctima, pues ésta debe ser informada de los resultados del proceso así no haya intervenido en el.

No sucede igual cuando el resultado del acto conclusivo es la acusación o el sobreseimiento, pues, en ambos casos, es el tribunal de control la instancia que notifica a la víctima.

Ahora, ¿qué puede suceder en caso que la víctima no esté de acuerdo con el Ministerio Público en archivar la causa, es decir, que surja una discrepancia entre el fiscal y la víctima?. De acuerdo con el COPP, el conflicto debe resolverlo el tribunal que lleva la causa.

Según la norma antes citada, cuando el Ministerio Público haya resuelto archivar la causa, la víctima puede acudir ante el juez de control para solicitar que se examinen los fundamentos de la medida. Si el tribunal, previa revisión de las resultas de la investigación, considera fundada la solicitud de la víctima, en el sentido de que hay suficientes razones para el enjuiciamiento de la persona, así lo declarará formalmente, notificando dicha decisión al Fiscal Superior, para que éste le ordene a otro fiscal hacer la acusación.

Por otra parte, en caso de que en un momento de la investigación los fiscales hayan solicitado la privativa de libertad el o los imputados y se decrete el archivo o simplemente hayan pedido medidas cautelares, éstos tendrán que salir inmediatamente en libertad; así como también cesar cualquier medida cautelar.

Si con la investigación se demuestra que no existen fundamentos de prueba que soporten el o los delitos por los cuales la persona fue imputada, el Ministerio Público está en la obligación de solicitar el sobreseimiento de la causa, porque no hay más nada que investigar.

Señala el COPP que el sobreseimiento procede cuando:

1.El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;

2.El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad;

3.La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada;

4.A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

Como corolario a este punto, indica el COPP que el sobreseimiento pone término al procedimiento y “tiene la autoridad de cosa juzgada”. En pocas palabras, no se permite, una nueva persecución penal por el mismo hecho contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de dicho Código.

Una vez acordada dicha figura jurídica, deberán cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas.

Ahora bien, lo importante es que usted, como lector, sepa que según el COPP, luego de la imputación (que conduzca a una medida privativa de libertad), el fiscal tiene 30 días para presentar el acto conclusivo. Sí éste no fuera interpuesto en la fecha indicada el o los fiscales podrán solicitar al órgano jurisdiccional una prórroga de 15 días.

De no cumplirse este lapso, se estaría violando el debido proceso del cual es garante el Ministerio Público.

Texto: Reinaldo Vargas - Simón Alberto Osorio

La promesa bilateral de compraventa no equivale a la venta definitiva

La promesa bilateral de compraventa
no equivale a la venta definitiva                                                                     
 Fuente: TSJ                                                                                    

La Sala Constitucional dictaminó que todo juez de la República debe examinar de forma individualizada los elementos, términos, características y condiciones establecidas en cada uno de los contratos sometidos a su conocimiento, a los fines de determinar su naturaleza, independientemente de la denominación que se le haya dado al mismo por las partes, y notar si se trata de un contrato preliminar, una promesa u otro tipo de contrato, para establecer los efectos y consecuencias debidas del contrato realmente suscrito, de conformidad como lo señala el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

Agregó el Alto Juzgado, entre otros aspectos, que cuando se celebra un verdadero contrato de compraventa con todos sus elementos, por documento privado, aunque las partes lo denominen impropiamente como promesa o compromiso, si solamente se difiere la obligación de escriturar o registrar el documento para un momento posterior, y una de las partes se niega a firmar en el momento de la protocolización, la otra puede demandar el reconocimiento de la existencia del negocio jurídico celebrado entre las partes y la renuencia del deudor puede ser suplida mediante un fallo que declare la existencia y cuya protocolización de la sentencia surte los mismos efectos del negocio no escriturado, siendo un fallo mero declarativo.

Lo cual también es aplicable, agrega el Alto Juzgado, cuando el acreedor hipotecario se niega a otorgar el correspondiente documento de cancelación del gravamen, una vez extinguida la obligación garantizada. Igual ocurre con la promesa unilateral de venta u opción de compraventa, en caso de que el promitente obligado no cumpla con su obligación de reconocer el negocio jurídico ya perfeccionado.

Por otra parte la Sala de la Máxima Instancia Judicial señaló que el contrato de opción aunque es firme, puede conducir, pero no necesariamente, a la conclusión de un contrato posterior ya sea de venta, permuta, arrendamiento o cualquier otro nominado o innominado, por cuanto tiende a la formación del contrato ulterior, que puede formarse o no (contrato eventual), de ejercerse la opción.

Finalmente, se desprende de la decisión que no deben asimilarse los contratos preliminares de compraventa con el contrato definitivo, pues ello desconoce lo relativo a la formación progresiva del contrato y contraria el propósito buscado por las partes al celebrarlos, violentando así el principio de la autonomía contractual.

Lo anterior se desprende de la sentencia 878/2015 de la Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, que declaró ha lugar la solicitud de revisión interpuesta contra una decisión dictada el 16 de marzo de 2011 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual fue anulada.

Presunción de inocencia. ¿Principio ó Garantía?

El principio de presunción de inocencia está plasmado como derecho o garantía procesal tanto en acuerdos internacionales como constitucionalmente. Se cuenta entre los derechos que conforman la esfera del debido proceso y su aplicación determina el funcionamiento justo o injusto del sistema penal.

    Todas las garantías sistematizadas, legales o legislativas, como los principios y las garantías constitucionales y procesales, son derechos reconocidos comúnmente desde tiempos pretéritos, por lo que, dentro del ejercicio implacable e inexorable del Estado, concurren situaciones vedadas en la Carta Política Fundamental (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), como suponer culpable al autor de un ilícito penal, sin previo juicio, toda vez que deberá ser tratado en un estado de inocencia, hasta tanto el Estado demuestre, y, con un acopio de pruebas legítimamente permitidas, que el imputado o acusado, es, realmente, el ejecutor material o intelectual, del hecho típico y antijurídico.

     La doctrina ha tratado de clasificar los principios del proceso en un esquema que distinga jurisdicción, proceso y procedimiento. Obviamente, que el estudio de los principios procesales en cuanto a ellos, por la supremacía constitucional, informan y determinan el sistema procesal  y su adaptación al modelo procesal constitucional que configura el debido proceso. En el proceso penal adquiere mayor relevancia el debido proceso en virtud de que está en juego un derecho fundamental esencial como es la LIBERTAD. El artículo 49 Constitucional, numeral 2, reconoce el derecho a la Presunción de Inocencia como protección Judicial de los derechos de los ciudadanos. Es un principio de rango Constitucional y prevalece sobre la ley.

      En esencia, la presunción de inocencia es una de las garantías Constitucionales sobre la que, necesariamente debe descansar el proceso penal, cuestión ratificada permanentemente por la Jurisprudencia del Alto Tribunal de Justicia y por la Ley Procesal Penal en su Artículo número 8. Ahora bien, el tratadista Ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, en su obra “El Debido Proceso Penal, asevera que para el establecimiento del debido proceso penal, es menester el acatamiento del incuestionable presupuesto de “La Situación Jurídica de Inocencia”, por cuanto sin la existencia de este, el proceso será ilegitimo.

     “La inocencia no es una presunción; es un bien jurídico que vive en el hombre y que genera de un derecho subjetivo, con características propias que le permiten exigir la garantía del estado”. Por lo tanto, al nacer la inocencia emerge con la persona humana, en tal sentido, “no necesita que alguien, ni los hombres ni el Estado, concedan, donen o endosen la inocencia; esta vive con el hombre y con el muere. La inocencia- acota Zabala Baquerizo- es general, la culpabilidad es concreta”.

    Siguiendo este mismo orden de ideas, la responsabilidad, y por consiguiente, la culpabilidad del acusado, debe probarse en el juicio oral y público. No es una mera facultad del Estado. Es una ineludible obligación. El Estado es quien determina si el acusado es culpable. Pero antes tendrá que desvirtuar de manera lícita el estado de inocencia del justiciable. En definitiva: el acusado no está forzado a probar su inocencia.

     Por su parte el jurista Argentino Alberto Binder, en su obra “Introducción al Derecho Procesal Penal” concibe la presunción   de   inocencia,    como  “una garantía política que protege al ciudadano que ingresa al ámbito de actuaciones de las normas procesales y penales”. Por tal razón, es precio advertir que el estatus de inocencia acompañara al acusado antes y durante el juicio oral público; hasta después de la culminación de este, aun cuando exista una sentencia que le sea contraria, corresponderá ser tratado como un ciudadano inocente, porque el único modo de que pueda asumir una relación de culpable, es que la decisión quede definitivamente firme.

   En torno a la diferenciación entre “Principios y Garantías Procesales”, la jurista y profesora venezolana, Nelly Arcaya Landáez, sostiene que “los principios son el género y las garantías son la especie” añadiendo que “cada principio por regla casi general es una garantía, y sin duda alguna toda garantía es un principio”.

     Con base en ello, cabe indicar que La Presunción de Inocencia es un principio cuya vigencia tiene a su servicio requisitos o formas procesales previstas en la ley, así como otros principios y garantías constitucionales con los cuales guarda estrecha relación. De la misma manera La Presunción de Inocencia es una de las garantías del debido proceso.

    En definitiva, no yerran los Abogados al referirse a la Presunción de Inocencia como principio o garantía, pues es uno y otro, según el contexto en el que se le refiera.

 

CAMBIO DE CALIFICACIÓN EN EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO

La justicia penal es de vital importancia para mantener la armonía entre los integrantes de la sociedad de manera de poder brindarles mayores garantías de seguridad a estos que en algún momento violentan el orden jurídico preestablecido.

    Al momento de emitirse un acta calificativa por algún ilícito penal, se inician las investigaciones pertinentes. Con base en esa pre calificación que realiza el Fiscal del Ministerio Público como ente detentador del IUS PUNIENDI (derecho o facultad del Estado para castigar), se desarrolla la fase preparatoria en la cual se recaban los elementos probatorios que van a dar lugar a su acusación la cual, de ser emitida en la fase intermedia en la audiencia preliminar, dará paso a la realización del correspondiente Juicio Oral y Público con todas las garantías Constitucionales.

     Pero puede ocurrir que durante la realización del debate Oral y Público, donde se determina la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, surjan situaciones que le hagan reconsiderar al Ad Quo una calificación jurídica distinta a la atribuida a los hechos por el Ministerio Público; en pocas palabras, surge un cambio en la calificación jurídica.

     Ante esa situación surge la necesidad de advertir al enjuiciable sobre dicho posible futuro e incierto cambio de la calificación, en aras de mantener incólume sus derechos Constitucionales procesales.

     La forma accidental y variable que caracteriza o distingue a un hecho determinado, sin alterar su esencia, es decir, que en la modalidad se surte una modificación orgánica casual de los rasgos o caracteres que constituyen el tipo, de manera tal que al variar los rasgos fundamentales del tipo, deviene en una conmutación insoslayable de la calificación jurídica acordad en su categorización dogmática penal.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, ordinal 1°, establece, entre otras cosas:…”toda persona tiene el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se les investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”

     Significa ello que el artículo 333 (antes 350) del recién reformado Código Orgánico Procesal Penal, en lo referente a la nueva calificación jurídica que debe hacer el Juez de Juicio en el caso que haya una calificación jurídica no considerada por las partes, deberá advertir al acusado o acusada de esa posibilidad, con el fin de preparar su nueva defensa realizándose luego que termine la recepción de pruebas si antes no lo hubiera hecho, recibiéndose en consecuencia, una nueva declaración del acusado o acusada, informándoseles que podrían solicitar la suspensión del juicio, con el propósito de ofrecer nuevas pruebas o preparar su defensa.

     La importancia de dicho cambio de calificación radica en que, toda persona tiene derecho a ser informada de todo cambio que pueda presentarse en la fase de enjuiciamiento en la que se determina mediante dictamen judicial su sanción jurídico penal o su inculpabilidad procesal.

     El proceso penal, en esta fase de juicio, es la más garantista tal y como lo ha venido sosteniendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque van a ofrecerle al acusado todas las prerrogativas necesarias para que su defensa técnica pueda desarrollar con eficiencia y legalidad su protección, al amparo de las leyes que pueden revertir una solución justa y equitativa para el justiciable.

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

 Artículo 333: “Si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al acusado o acusada sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa. A todo evento, esta advertencia deberá ser hecha por el Juez o Jueza inmediatamente después de terminada la recepción de pruebas, si antes no lo hubiere hecho. En este caso se recibirá nueva declaración al acusado o acusada y se informará a las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa”.

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PRORROGADA LA PRE VENTA PARA LAS INSCRIPCIONES

Atendiendo múltiples solicitudes y en aras de ayudar a los participantes, FUNDACIJ ha decidido extender la etapa de Pre Venta hasta el Sábado 14 de Marzo de 2015. Recordamos que quienes se inscriban en pre venta podrán hacerlo abonando el 50% y el resto o pagan dentro de los 30 días siguientes. Dicho abono es no reembolsable. 

Porqué se Celebra el Día del Abogado?

En Venezuela se celebra el día del Abogado el 23 de Junio, ello es así en razón de que en el año 1972 el Dr. Rafael Caldera durante su primer período presidencial lo decreta como “Día Nacional del Abogado” por petición de la Federación de Colegios de Abogados.

     La emblemática fecha se escogió en conmemoración del natalicio de Cristobal Mendoza, quien nació en Trujillo el 23 de junio de 1772; destacado Abogado, Historiador, Profesor, Periodista, Primer Presidente de Venezuela, quien durante su ejercicio profesional demostró sobradas muestras de probidad, honradez, sentido de ética y justicia.

     Etimológicamente la palabra abogado proviene del Latín ("advocatus") significa ir en auxilio de quien así lo solicite ("ad auxilium vocatus").

Día del Abogado Zuliano

Hace más de un centenario en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia del Estado Zulia, se fundó el Colegio de Abogados de esta entidad procediendo de inmediato a la elección de los funcionarios que debían regir la institución durante el primer período.

     Por tal motivo se conmemora este día, pues el 13 de agosto de 1894 se dio comienzo a la vida del Colegio de Abogados del Zulia, reconocido como una de las más prestigiosas agrupaciones gremiales de Latinoamérica

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Presenta vicios de Inconstitucionalidad

Nuevo Código Orgánico Penitenciario no resuelve crisis carcelaria en Venezuela

 Según da cuentas el destacado Jurista Panalista Zuliano, el Dr. Jesús Vergara Peña, En Agosto de 2013 la Asamblea Nacional (AN) sancionó el nuevo Código Orgánico Penitenciario, el cual había sido propuesto en el año 2011 por el entonces Ministro de Interior Y Justicia Tarek El Aissami, con el cual se pretende reforzar y regular el sistema penal y  derogar la Ley del Régimen Penitenciario. El nuevo texto estará conformado por 173 artículos y, al momento de cierre de esta edición de FORO LEGAL, aún no se le ha puesto el ejecútese por parte del Ejecutivo Nacional, debido a las severas fallas e inconsistencias que el referido instrumento jurídico presenta.

     Uno de los vicios fundamentales que reúne este Código Penitenciario es la concentración exagerada de funciones y facultades delegadas al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), con lo cual se produce una evidente violación de la disposición Constitucional contenida en el artículo 272 de nuestra Carta Magna, donde se determina el carácter descentralizado que debe tener la administración penitenciaria en el país.

     Destaca el referido artículo 272: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con  credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.

      También el sancionado Código Orgánico Penitenciario excluye temas constitucionales como la posibilidad de privatizar espacios dentro de los recintos carcelarios, la asistencia post – peniten-ciaria a los reclusos liberados y la crea-ción  de  un  ente  autónomo  de  carácter técnico que coordine las políticas penitenciarias. Así mismo también se de-ja de lado el mandato Constitucional en el cual se determina que los recintos carcelarios deben ser dirigidos por penitenciaristas profesionales con cre-denciales académicas universitarias que en Venezuela tenemos un buen grupo  de Técnicos Superiores Universitarios en Penitenciarismo formados en el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (IUNEP) a cargo del destacado penitenciarista Elio Gómez Grillo,  que siempre han sido marginados y excluidos. 

     Preocupa la eliminación de la progresividad para el otorgamiento de fórmulas alternativas del Cumplimiento de la Pena y de la Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, contenidas en el título III del Código Orgánico Procesal Penal, y circunscribir exclusivamente a una sola medida llamada en ese proyecto “Régimen Abierto” distinta en su aplicación y vigilancia al ya por todos conocidos.

     El proyecto elimina técnicamente a los Jueces de Ejecución Penal al otorgarle al Ministerio para el Servicio Penitenciario las funciones de otorga-miento de las fórmulas alternas de cumplimiento así como la realización de la Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio, cuestión que es muy preocupante, toda vez que no se prevé ningún mecanismo de control de las funciones y actuaciones del referido órgano del poder Ejecutivo.

     Hay a nuestro juicio, una flagrante violación al principio de autonomía e independencia de los poderes que plantea nuestra Constitución, pues se le está esquilmando la facultad consagrada constitucionalmente al Poder Judicial, en beneficio del Poder Ejecutivo.

     En aras de ser objetivos, Nos parece buena la iniciativa de darle un poco de orden al sistema penitenciario con la implementación de una normativa moderna y más adaptada a los tiempos actuales, que pueda ser implementada para solucionar la grave crisis que dentro de nuestras prisiones se vive.

     Finalmente consideramos Se debe procurar buscar darle al nuevo Código Orgánico Penitenciario un carácter práctico que sea de fácil ejecutabilidad en nuestro sistema penitenciario, que su normativa establezca principios que sean factibles para ponerlos en práctica y ajustados a la realidad del país, pues no podemos pretender crear normas de imposible aplicación que se volverían letra muerta, para continuar igual el caos carcelario en Venezuela, que a su vez degenera en una deformación del proceso de reinserción social del penado.